Según datos de IESA, muchas comunidades de vecinos españolas estarían en una situación de riesgo legal si no cuentan con un profesional colegiado que les asesore en su gestión. Estas comunidades podrían enfrentarse a multas de hasta 3.000 euros por incumplir los requisitos de la Agencia Tributaria, 90.000 euros por no hacer las inspecciones periódicas, 600.000 euros por incumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD) o del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), y 800.000 euros por incumplimiento de la Prevención de Riesgos Laborales.
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