Si bien estaba contemplado en la ley reguladora de haciendas locales desde 2004, nunca se había puesto en marcha debido a que es difícil definir que es una vivienda vacía. En la actualidad, el Gobierno y sus socios plantean definirlo con claridad y gravarlo con un recargo de hasta el 50% del IBI.
La decisión se conocerá a lo largo de las próximas semanas.